LA CONSTITUCION PROTEGE NUESTROS NIÑOS

SI A LA PROTECCION DE LOS NIÑOS EN COLOMBIA

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La Ley de Infancia y Adolescencia tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna, igualmente establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.

La niñez afronta situaciones muy complejas sobre todo en las poblaciones mas vulnerables del país, por ello es necesario una reestructuración a la problemática de la niñez y la adolescencia colombiana.

Esta ley lo que busca en realidad es una buena relación del niño o adolescente con la sociedad, evitar que el niño llegue a la ultima ration o razón de ser que es la ley penal, sin embargo todo se hace mediante acuerdos con el juez competente quien es quien decide si el niño o adolescente mediante su comportamiento debe o no llegar a una sanción penal.

Sin embargo es ley  no solo favorece a los niños que incumplen con las leyes establecidas en los códigos sino que también, castiga fuertemente a las personas que atenten contra los derechos de los niños.

 Para las personas que atenten contra la sexualidad de los niños y para los asesinos ya no habrán  penas favorables ni rebajas de penas, ni casa por cárcel para estas personas.

Lo que se busca con esta ley es asegurar las condiciones para el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes que les han sido reconocidos por la Constitución Política y por el bloque de constitucionalidad.

Consagrar mecanismos que posibiliten la protección integral de esos derechos, al establecer mecanismos que definen la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado.